Proceso de juzgamiento del genocidio argentino. Debates jurídicos que construyen sentidos dentro y fuera de los tribunales

Malena Silveyra
Licenciada en Sociología (UBA)

El diccionario define, en sus primeras acepciones, a la justicia como “Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.//. Derecho, razón, equidad.// Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene//Aquello que debe hacerse según derecho o razón.//Pena o castigo público.// Poder judicial” Como surge de la definición, La Justicia es una institución estatal que regula y sanciona en función de las normas pre establecidas por los legisladores, y a la vez una referencia moral, un valor socialmente anhelado. A pesar de que podríamos fácilmente asegurar que ambas líneas conceptuales sobre el término no necesariamente confluyen, es innegable que en el imaginario social ambas suelen confundirse, fundirse o superponerse.

En el caso del genocidio argentino, esta carga valorativa se expresa en la relevancia que tienen sus sentencias en el proceso de construcción de la memoria colectiva, en tanto capacidad de comprenderlo y aportar en su elaboración. Es en esa relación entre ambas “justicias”, donde se vuelve fundamental el modo en que las sentencias judiciales expliquen los hechos del pasado, ya que se constituyen en sentidos hegemónicos que conformarán las características de la sociedad en el presente.

Desde la reapertura misma de los juicios en Argentina estos sentidos se encuentran en disputa, y su expresión más paradigmática se expresa en la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad o genocidio. La elección de la calificación no implica, necesariamente, una diferencia en los montos de las penas que se aplican con una y otra, ya que ninguna de ellas se encuentra tipificada en nuestro código penal. Pero, por el contrario, resulta fundamental en cuanto a la posibilidad de que las sentencias aporten en el proceso de elaboración colectiva del genocidio dando una explicación de lo ocurrido que le otorgue sentido, ya no solo al “pasado histórico” sino a la construcción de la sociedad del presente.

Según el Estatuto de Roma de 1998, la característica principal de los delitos de lesa humanidad es que se trata de un ataque sistemático y generalizado a la población civil; mientras que el genocidio, según la Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio, requiere la intención de destrucción total o parcial de un grupo determinado de la población, siendo los grupos protegidos: el nacional, étnico, racial o religioso.

De ambas miradas se desprende que mientras la primera intenta dar cuenta de procesos donde las víctimas se caracterizan por su cantidad, por su extensión territorial y por ser elegidas en su calidad de miembros de la sociedad civil (ciudadanos); la segunda hace referencia a una práctica intencionada, sistemática y dirigida, ya que las víctimas lo serán en tanto parte de una identidad colectiva. En el caso argentino se viene debatiendo sobre la calificación jurídica desde la reapertura de los juicios en 2005. Entre los que reconocen la existencia del genocidio, ha ido ganando lugar la interpretación de que el grupo atacado sería el grupo nacional argentino mediante la destrucción de una parcialidad del mismo. Esta calificación jurídica, al poner al conjunto social como grupo atacado, permite a la sociedad pos genocida interrogarse sobre lo sufrido en primera persona del plural. Lo que pasó, nos pasó y por lo tanto las consecuencias y los modos en que reconstruyamos esa historia nos tendrá como protagonistas a todos. Esto permite resaltar desde un punto de vista sociológico que las prácticas sociales genocidas tienen como objetivo la transformación estructural de la sociedad mediante la destrucción de un conjunto de relaciones sociales que resultaban fundamentales en la constitución identitaria de la sociedad pre existente. Estas relaciones sociales, construidas a partir de décadas de organización y lucha de las clases populares, estaban basadas en la solidaridad y la cooperación, en el reconocimiento de los pares y por tanto constituían cimientos sólidos para procesos de organización autónoma de los sectores populares.

Las dos primeras sentencias de esta nueva etapa que se produjeron en el año 2006 (causas “Etchecoltaz”[1] y “Simón”[2]) se encuentran divididas entre estos distintos enfoques. Mientras que en la Causa Etchecolatz del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº1de La Plata la sentencia fija la responsabilidad por los delitos particulares cometidos en el marco del genocidio, en la Causa Simón del TOF Nº5 de la Ciudad de Buenos Aires el tribunal califica los crímenes como de lesa humanidad. El debate se ha seguido desarrollando hasta la actualidad.

A diciembre de 2013, hay 113 sentencias de los tribunales orales. En dichas causas han intervenido 308 querellas, con la particularidad de que muchas de ellas ya no lo hacen en representación de casos particulares sino de organizaciones gremiales o políticas. Incluso el mismo estado, mediante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha convertido en querellante. Así distintas organizaciones han podido querellar, reclamando justicia por sus compañeros aunque no mediara vínculo de parentesco con las víctimas.

Dichas causas se han desarrollado contra 637 imputados de los cuales 575 fueron encontrados culpables. Entre los que fueron efectivamente condenados, el promedio de la pena es de 30 años lo que resulta un promedio bastante elevado teniendo en cuenta que la pena máxima al momento de los hechos era de 25 años, superada solamente por la condena a “reclusión perpetua” que en la normativa nacional habilita al condenado a solicitar la libertad condicional con 35 años de cumplimiento de la misma.

A medida que los juicios fueron avanzando en distintas provincias, el debate sobre si la calificación apropiada para el proceso argentino era genocidio o lesa humanidad se fue extendiendo y complejizando. Si bien, en sus comienzos el pedido de calificación como genocidio se produjo de la mano del colectivo querellante Justicia YA![3] con el tiempo muchas querellas, e incluso fiscalías, se fueron sumando al pedido lo que obligó a los tribunales a dar el debate.

De las 113 causas con sentencia a Diciembre de 2013 el 25,66% reconoce la existencia del genocidio mientras que el 74,33% no. Del conjunto de sentencias en las que se reconoce la existencia del genocidio, 10 sentencias lo hacen solo en términos histórico sociológicos mientras que las 19 restantes, incorporan la calificación jurídica. El desarrollo de estos debates desde la reapertura de los juicios al presente se ilustra en el gráfico 1.

judiciales

Lejos de estar cerrados, todos estos debates continúan en desarrollo en las distintas jurisdicciones del país donde se desarrollan las causas.

A casi 40 años del golpe cívico-militar de 1976, las “Justicias” (en sus diferentes acepciones) avanzan, aunque no sin contradicciones. El proceso de juzgamiento se viene desarrollando en casi todo el país y ha tenido importantes resultados tanto dentro como fuera de los tribunales, pero sin duda queda mucho todavía para que alcance al conjunto de los responsables del genocidio tanto militares como civiles/empresariales, y para como pueblo podamos desanudar el pasado para trenzar el futuro.


NOTAS:

[1] Miguel Etchecolatz fue Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico- militar. a Diciembre de 2014 cuenta con 3 condenas en la ciudad de La Plata. Es responsable de la desaparición y muerte de cientos de argentinos. Actualmente se encuentra preso en el Penal de Marcos Paz, cumpliendo cadena perpetua.

[2] Julio Héctor Simón, quien se hacía llamar “Turco Julián”, es un reconocido genocida a quienes las víctimas lo ubican en el Centro Clandestino de Detención conocido como “El Olimpo” y ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Fue condenado en tres causas hasta Diciembre de 2014 y actualmente se encuentra preso con cadena perpetua en el Penal de Marcos Paz.

[3] “Justicia Ya” es un colectivo que agrupa distintas organizaciones y referentes de distintas expresiones de la izquierda como son la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Patricia Walsh y varios partidos políticos de izquierda.

Anuncios